En la isla de La Española conviven Haití y la República Dominicana: la frontera entre ambos Países siempre ha sido un punto de intercambio personal, cultural, político y económico en ambos sentidos. Pero, después del terremoto de 2012 y, posteriormente, a partir de 2021, cuando el presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado, la frontera se ha convertido sobre todo en un punto de paso para miles de personas que huyen del hambre, la violencia de las bandas armadas y la pobreza.
Desde el principio, el gobierno dominicano ha asociado este fenómeno a un problema de seguridad, intensificando los controles y los rechazos. La sociedad civil, por su parte, a través de Menamird, una coalición de más de 30 organizaciones, se dedica a prestar asistencia en varios frentes: lingüístico, jurídico, psicológico y sanitario. Y pide un cambio de rumbo en las políticas migratorias del gobierno dominicano.
Una isla, dos Países y el control migratorio
La isla de La Española tiene una longitud de 650 kilómetros de este a oeste y una superficie de algo más de 75.000 kilómetros cuadrados. Es la segunda isla más grande de las Antillas y se encuentra en el Caribe, entre Cuba y Puerto Rico. Además, simbólicamente es uno de los lugares más importantes para la historia de América Latina. En su historia hay dinámicas de colonización, rebeliones indígenas, esclavitud, lucha e independencia.
Dentro de un único territorio, la isla comprende dos Estados: Haití en la parte occidental y la República Dominicana en la oriental. Dos historias diferentes, ambas de resistencia e independencia frente a la colonización. Por un lado, Haití, la primera nación en obtener la independencia en 1804 con la revuelta de los esclavos contra la Francia de Napoleón. Por otro lado, la República Dominicana, con capital en Santo Domingo, fue la primera ciudad fundada por los colonos españoles en América. A lo largo del tiempo, ambos Países han mantenido intensas relaciones bilaterales, facilitadas por la proximidad geográfica, y numerosos intercambios económicos, políticos y humanos.
En los últimos años, sin embargo, mientras que la República Dominicana ha intensificado su crecimiento económico, intentando integrarse cada vez más en los circuitos globales de la economía, las inversiones, las exportaciones agrícolas y el turismo, Haití se ha visto azotado por múltiples crisis. Desde el terremoto de 2010, esa parte de la isla nunca se ha recuperado, sumando tragedias humanas, crisis económicas, problemas medioambientales, inestabilidad política y violencia armada. Fenómenos que han provocado una de las mayores crisis humanitarias de la América Latina contemporánea, empujando a miles de personas a huir del País.
Haití: violencia, inseguridad alimentaria y desplazamiento
Desde 2021, Haití es un País sin presidente y la inestabilidad política ha llevado a un control casi total de las bandas armadas en algunas zonas del País. Sus acciones y las consiguientes respuestas de la policía local (que cuenta con el apoyo de una misión de mantenimiento del orden bajo los auspicios de las Naciones Unidas, liderada por Kenia y con agentes de otros Países) han agravado el clima de violencia.
Se han documentado abusos de todo tipo: asesinatos, secuestros, torturas, saqueos, agresiones sexuales, violencia contra los niños y reclutamiento forzoso de menores para participar en actos armados. Puerto Príncipe, la capital del País, está controlada en aproximadamente un 80% por bandas armadas. Estos grupos controlan las actividades económicas, las infraestructuras y el transporte y, a menudo, también atacan las instalaciones sanitarias, como ocurrió en el caso del hospital universitario, incendiado en 2025.
La falta de instalaciones médicas adecuadas agrava la crisis sanitaria, que a su vez se ve agravada por la propagación del cólera en algunas zonas del País y por la inseguridad alimentaria provocada por la pobreza. Muchos hospitales están cerrados o fuera de servicio, y quienes necesitan atención médica se ven obligados a desplazarse.
La crisis multifactorial – económica, sanitaria, de seguridad y humanitaria – ha provocado alrededor de un millón y medio de desplazados internos, que se concentran sobre todo en campamentos “temporales” e informales, que hace tiempo que han superado su capacidad máxima.
La frontera: entre la deriva securitaria y las iniciativas desde abajo
En este contexto de violencia y de huida de la misma, esa frontera que divide la isla en dos Países muy diferentes es, al mismo tiempo, un instrumento de supuesta salvación y peligro (para los haitianos que intentan cruzarla), pero también un lugar de control y represión (para el gobierno de la República Dominicana).
El presidente dominicano, Luis Abinader (en el poder desde 2020), ha afirmado en repetidas ocasiones en los últimos dos años que la frontera debe ser controlada para evitar que «los problemas» de Haití se extiendan también a su propio País. Por ello, entre 2024 y 2025, Abinader ha reforzado la seguridad y la vigilancia en la frontera, aumentando el número de agentes y los dispositivos de seguridad, incrementando las operaciones de inteligencia y el uso de drones y sistemas biométricos para monitorizar los flujos. Además, Abinader ha dado instrucciones al ministerio de Defensa para ampliar de 13 kilómetros más el muro existente de aproximadamente 50 kilómetros (de los 176 previstos) que separa a los dos Países y cuya construcción comenzó en 2021.
En un discurso pronunciado en mayo de 2025, Abinader ha afirmado que la situación en Haití es «un desafío que [nosotros, el pueblo dominicano, ndr] no hemos elegido, pero que debemos afrontar con valentía y determinación: el desafío del desplazamiento irregular de un pueblo, cuyas calles están dominadas por la violencia y donde el orden está sometido al caos». En esa ocasión, ha pedido explícitamente a los ciudadanos haitianos en situación irregular de regresar voluntariamente a su País porque, de lo contrario, las autoridades dominicanas los «habrían buscado y repatriado».
En su discurso ante la Asamblea general de las Naciones Unidas en septiembre en Nueva York, en cambio, Abinader ha afirmado que «la crisis multidimensional de Haití representa una grave amenaza para la paz y la seguridad de la República Dominicana y la región». Actualmente hay más de 12.000 agentes en la frontera entre ambos Países.
Control del estatus migratorio y deportaciones
Los refugiados haitianos en la República Dominicana ascienden a aproximadamente un millón y, en los primeros seis meses de 2025, las autoridades dominicanas han devuelto a 150.000 personas. Solo en marzo de 2026, se han deportado 22.000 personas, según datos de la Organización internacional para las migraciones (Oim).
A nivel interno, también, se han endurecido los controles y las sanciones para quienes se consideran “facilitadores” (como las organizaciones que prestan asistencia en la frontera y no solo) y se han aumentado los controles también en los centros sanitarios. Una de las medidas más controvertidas – dentro de un paquete de 15 normas antimigratorias impulsadas en 2025 por el gobierno – ha sido, de hecho, la imposición de la obligación de verificar la situación migratoria de los pacientes hospitalizados, para entregarlos a las autoridades si resultaban ser irregulares. La normativa establece que los pacientes extranjeros deben presentar documentos y permiso de residencia para recibir atención médica.
El «protocolo migratorio» – como lo define el gobierno – se aplica en 33 centros sanitarios públicos del País. Estos centros cuentan con personal policial encargado de repatriar a los migrantes considerados irregulares. Según el servicio sanitario dominicano, la aplicación de este protocolo ha reducido en más de la mitad las solicitudes de asistencia médica de los ciudadanos haitianos, sobre todo en las salas de maternidad.
La Mesa nacional para las migraciones y los refugiados en la República Dominicana
En respuesta a lo que ha decidido la política institucional, que aborda la migración desde un enfoque securitario y considera el fenómeno únicamente como un «problema» que hay que contener, la sociedad civil permanece en silencio, pero desempeña un papel protagonista. Tanto dentro de la República Dominicana como en la frontera, hay diversas organizaciones – religiosas, laicas, de base, más o menos estructuradas – que se han hecho cargo de la emergencia humanitaria.
Entre ellas, la Mesa nacional para las migraciones y los refugiados en la República Dominicana (Menamird). Se trata de una coalición de 34 entidades de la sociedad civil y está compuesta por grupos de base, dirigidos por migrantes y refugiados, organizaciones no gubernamentales y humanitarias, tanto laicas como religiosas.
El principal objetivo de Menamird es promover y defender los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.
El principal objetivo de la mesa redonda, ha explicado la Fundación étnica integral (Fei, que representa a Menamird a nivel legal), «es promover y defender los derechos humanos de las personas en situación de movilidad», ejerciendo presión sobre el Estado dominicano y los organismos internacionales. Aunque la coalición existe desde 1996, el trabajo en la frontera con Haití «ha comenzado de forma más activa en 2010, tras el terremoto», y se lleva a cabo principalmente en las provincias fronterizas de Dajabón (al norte) y Jimaní (al suroeste). Posteriormente, la organización se ha extendido también a las provincias de Elías Piña y Pedernales.
Las actividades incluyen traducción e interpretación en criollo (la lengua de Haití), francés y español; servicios de orientación jurídica y psicológica; observación y documentación de violaciones de los derechos humanos; acompañamiento humanitario; prevención de la trata y el tráfico ilegal; asistencia a menores no acompañados y a personas vulnerables.
En la frontera: abusos, violaciones y racismo
La asociación confirma también que, desde el asesinato del presidente Moïse en 2021, la crisis en Haití se ha agravado y, paralelamente, en la República Dominicana se ha producido «un endurecimiento de las políticas migratorias y de control fronterizo». La política migratoria actual «ha sido presentada por el Gobierno dominicano con un discurso de seguridad nacional, asociando la migración haitiana a amenazas para la estabilidad y la economía del País».
La consecuencia de estas políticas violentas de control y devolución, según Menamird, «es que las personas migrantes viven actualmente en un contexto de miedo, persecución e inseguridad» y su vulnerabilidad aumenta. «Viven con el miedo constante de ser detenidos o expulsados» y esto «limita el acceso a los servicios básicos y aumenta la precariedad». Las deportaciones masivas han provocado «separación familiar, abandono infantil y graves consecuencias psicológicas».
Las personas migrantes viven actualmente en un contexto de miedo, persecución e inseguridad.
La mayoría de las personas que cruzan la frontera son de nacionalidad haitiana y pertenecen a grupos vulnerables. Se trata de hombres y mujeres jóvenes, familias, niños y niñas, adolescentes, personas mayores y mujeres embarazadas. Se desplazan principalmente para buscar trabajo, acceder a los servicios sanitarios, solicitar protección humanitaria o la reunificación familiar, o simplemente «para sobrevivir ante la grave crisis política, económica y social que atraviesa Haití». «Es importante señalar – subraya Menamird – que últimamente, debido a la creciente inseguridad en Haití, también miembros de la clase media cruzan la frontera».
Muchas personas llegan «en condiciones físicas y emocionales deterioradas, tras haber sido despojadas de sus hogares y sus bienes por las bandas armadas de Haití». Hay casos de agotamiento, desnutrición, enfermedades crónicas, ansiedad, depresión y estrés postraumático. Y a todo ello contribuye también el propio cruce de la frontera, que conlleva diversos riesgos, entre ellos «la trata, el tráfico ilícito de personas, las extorsiones, la violencia física y sexual, la discriminación y la xenofobia, el hambre, la deshidratación y la explotación laboral». A todo esto se suman «altos niveles de inseguridad y el temor constante de ser detenido».
Después de la frontera: obstáculos burocráticos y miedo de expulsión
Según la Fei, la principal necesidad de las personas una vez cruzada la frontera es acceder a los procesos de regularización y obtención de documentos: de ahí se deriva, de hecho, el acceso a una serie de servicios y derechos, como un empleo regular, servicios bancarios y la seguridad social.
Sin embargo, la organización destaca «una fuerte limitación a la hora de facilitar el acceso a los servicios sanitarios, en particular para las mujeres embarazadas, los niños, las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas», en un contexto de «gestión de la crisis». Una situación que se ha «agravado desde que el gobierno puso en marcha los 15 puntos para el control migratorio». A todo ello se suma «un contexto marcado por prejuicios racistas, discursos xenófobos y expresiones de odio en las redes sociales y en el espacio público». Las deportaciones masivas de la población haitiana «han incrementado la vulnerabilidad social y humanitaria», explica Menamird.
Asistencia humanitaria: más controles, más dificultades
Las organizaciones humanitarias, por su parte, «se enfrentan a retos cada vez mayores a la hora de prestar asistencia y protección», señala Menamird: su labor se ve considerablemente complicada por las nuevas políticas migratorias.
Desde el punto de vista de la gestión de la crisis, explica Menamird, «como organizaciones nos enfrentamos a limitaciones a la hora de prestar asistencia jurídica y psicológica y de hacer un seguimiento de los casos de extrema vulnerabilidad. Además, la Dirección general de las migraciones ha promulgado una nueva resolución que exige contratos de trabajo formales para renovar los permisos de trabajo. Esto afecta gravemente a la regularización de los trabajadores autónomos».
Las organizaciones se enfrentan a retos cada vez más mayores a la hora de prestar asistencia y protección.
En algunos contextos, cuentan las operadoras de Menamird, «nos hemos enfrentado a restricciones de acceso, dificultades para supervisar las operaciones migratorias y limitaciones a la hora de acompañar». Además, entre las personas migrantes existe el miedo a denunciar los abusos. Con las autoridades locales y las instituciones que se ocupan de la protección de menores y la asistencia humanitaria «existen algunos espacios de coordinación», pero son «limitados y a menudo insuficientes ante la magnitud de la crisis migratoria y humanitaria».
Las organizaciones internacionales – como la Oim, la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) y la Unicef – desempeñan un papel más importante, prestando «apoyo técnico y asistencia humanitaria, con acciones de protección de menores, asistencia alimentaria, apoyo psicosocial y fortalecimiento institucional».
Solidaridad y mutualismo en la frontera: el papel de las organizaciones comunitarias
A pesar de las tensiones, sin embargo, en la frontera «se dan múltiples formas de solidaridad comunitaria y apoyo humanitario». Cada día, gracias a la coordinación entre organizaciones civiles, nacionales e internacionales, se llevan a cabo acciones de acogida y acompañamiento de las personas deportadas, sobre todo mujeres embarazadas, niños y personas mayores. Existen redes que «proporcionan comida, orientación y apoyo emocional a las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad, en un marco de solidaridad y hermandad», subraya Menamird.
En la frontera se dan múltiples formas de solidaridad comunitaria y apoyo humanitario.
«Históricamente, en la frontera siempre ha existido una relación de convivencia, intercambio cultural, comercial y laboral, además de solidaridad entre las comunidades de ambos lados de la isla. Sin embargo, en los últimos años han surgido discursos de odio, tensiones y narrativas negativas que han influido en esta convivencia». No obstante, todavía hay «mujeres, hombres, iglesias, líderes comunitarios y organizaciones locales que cada día siguen apoyando a la población migrante y promoviendo relaciones de buena vecindad».
Las organizaciones de base que promueven la cooperación y la solidaridad en la frontera «se han unido en la Red de protección de los migrantes, a través de la cual coordinan las acciones humanitarias, así como los avisos de protección y acompañamiento». Esta Red, surgida desde la base, «ha permitido responder con rapidez a los casos de separación familiar, menores no acompañados y mujeres embarazadas deportadas» y hacer frente a numerosas situaciones «de violación de los derechos humanos».
Una de las actividades que llevan a cabo las asociaciones de la red Menamird es documentar las violaciones de los derechos humanos. Entre las más recurrentes se encuentran «violaciones durante el proceso de detención y deportación», como «la falta de un juicio justo, las expulsiones masivas, la separación familiar y los daños a personas en situación de vulnerabilidad». Estas denuncias se han presentado ante la Corte interamericana de derechos humanos y hay procedimientos judiciales en curso. «En particular – subraya Menamird – nos preocupan los casos que afectan a mujeres embarazadas, niños y personas enfermas, deportadas sin las mínimas garantías de protección».
Necesidad del trabajo de campo y perspectivas futuras: hacia mas dignidad y derechos
Según la Fei, para mejorar la situación sobre el terreno – sobre todo en las provincias fronterizas – es necesario «garantizar el respeto de un proceso justo en materia migratoria, reforzar los mecanismos de protección internacional y de derechos humanos, y ampliar el acceso a la salud, la alimentación y la asistencia humanitaria».
Hay também mujeres, hombres, iglesias, líderes comunitarios y organizaciones locales que cada día siguen apoyando a la población migrante y promoviendo relaciones de buena vecindad.
En este sentido, «es necesario aumentar el apoyo financiero, logístico y humanitario a las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil que prestan apoyo directo a las poblaciones». Pero, sobre todo, se necesitan «programas sistemáticos de documentación» de los abusos. Para la Fei, «es indispensable avanzar hacia políticas migratorias integrales, basadas en los derechos fundamentales, la dignidad y la cooperación regional. La migración debe abordarse con un enfoque humanitario y no exclusivamente desde la perspectiva de la seguridad nacional».
Y, además de esto, «es fundamental luchar contra la xenofobia, el discurso del odio y la discriminación, promoviendo la solidaridad y la convivencia pacífica» entre las dos partes de la isla.
Fontes
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